La justicia reproductiva es el poder de recibir atención con respeto y dignidad, el derecho a decidir con conocimientos y autodeterminación si queremos o no maternar. En el marco por el día de acción global por el aborto legal, seguro y gratuito (28S), reafirmamos que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo debe ser garantizado por un sistema de salud digno, concebido como un derecho básico indispensable para no poner en riesgo nuestra salud ni nuestras vidas.
Sin embargo, Chile sigue manteniendo una deuda histórica con las mujeres y personas gestantes. El marco insuficiente de las tres causales y las barreras de la objeción de conciencia demuestran que el debate constitucional y sanitario no está zanjado. Obligar a alguien a llevar a término un embarazo no deseado—especialmente en contextos de vulnerabilidad social—constituye una forma de violencia institucional ejercida directamente desde los aparatos públicos. Como Estado Laico, las políticas de salud pública no pueden ni deben sostenerse sobre dogmas ni convicciones religiosas, sino sobre el reconocimiento irrestricto de los derechos humanos y de género.
Por ello, urge avanzar hacia un modelo de salud integral sin causales, que reconozca el derecho fundamental a decidir sobre el propio cuerpo sin necesidad de justificar o tutelar nuestras decisiones ante la moralidad del Estado.
Esta urgencia se vuelve aún más crítica ante hitos políticos recientes. La visita de la primera dama, María Pía Adriasola, a la agrupación antiaborto “Encuentro” en Valdivia reabre de forma alarmante el debate sobre los límites del Estado laico. Esta actividad contó con la gestión activa de la delegada presidencial regional, Vicky Carrasco—quien integraba dicha organización antes de asumir cargos públicos—, lo que evidencia el uso de la institucionalidad estatal para validar credos doctrinales particulares.
El despliegue de estas autoridades pone bajo la lupa la delgada línea entre la gestión pública y las agendas religiosas. Al amparo del Ejecutivo, este tipo de intervenciones perpetúa un modelo asistencialista tutelado por la figura de la Primera Dama, una institución de origen monárquico y carente de legitimidad democrática que opera como el brazo caritativo e ideológico del poder central. En un Estado laico y democrático, los recursos públicos y el respaldo político deben responder a derechos ciudadanos universales , y nunca a las afinidades doctrinarias o al activismo previo de las autoridades de turno que instrumentalizan las necesidades sociales para impulsar agendas conservadoras y vulnerar los derechos sexuales y reproductivos.
Catalina Flores
Encuentro Permanente de Mujeres por la Salud (EPMUSA)